preguntado por la situación de las cajas andaluzas, el presidente de la Junta aseguró que el Gobierno andaluz "hizo todo lo posible para que hubiera fusión entre Unicaja, Caja de Jaén y CajaSur, y cuando está todo prácticamente terminado, y sin saber por qué, la mayoría del consejo de administración de CajaSur dijo que no, esa fue la razón por la que se frustra todo, no hay otra".
En ese sentido, consideró que el Banco de España, que "tiene instrumentos para forzar a que un órgano de dirección de una caja haga lo que es razonable", a su juicio, "podía haber presionado un poquito más o haberle indicado las responsabilidades en las que incurrían de no hacer la fusión".
Por otro lado, Griñán se mostró de acuerdo con autorizar el Sistema Integrado de Protección (SIP) en el que se integra CajaGranada "si ello supone una caja más potente y si todo está conforme a la voluntad del órgano".
Sobre la posibilidad de fusión entre Unicaja y Cajasol, Griñán reiteró que son los dos presidentes los que tienen que decidir en función de los parámetros que tenga cada una de las cajas, y apuntó que actualmente "se está valorando cuánto vale una caja y cuánto otra". Tras apuntar que actualmente no tiene opinión al no disponer de ningún informe técnico al respecto, sí indicó que "parece que es un poco más grande Unicaja y parece que sus indicadores son más sólidos y parece que históricamente estuvo mejor gestionada Unicaja que El Monte o San Fernando y que incluso las remuneraciones de personal de Unicaja son algo más bajas que las otras dos; todo eso tendrá incidencia en lo que será la nueva caja".
Sobre la adaptación de la ley andaluza de cajas a la estatal, el presidente de la Junta aseguró que el Gobierno andaluz "cumplirá exactamente lo que dice que la ley nacional", de forma que la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (Lorca) "no impone sino que permite una serie de operaciones de captaciones de capitales en los mercados y no vamos a negar esa posibilidad, pero eso es voluntario, no obligatorio, y vamos a dejar que sean los consejos de las cajas los que determinen en qué medida pueden utilizar las cuotas participativas si tienen participación o no en los consejos con derechos políticos y si quieren establecer una entidad financiera que sea las que les lleve parte o todo el negocio".
Reconoció que en este tema, que "por parte del Ministerio de Economía no recibí información hasta prácticamente un día antes de que se produjera la aprobación del decreto ley", algo que "ocurrió a todos los presidentes de las comunidades autónomas".
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